La Corte Internacional de Justicia (CIJ) se pronunció finalmente a favor de París en la batalla jurídica entre Guinea Ecuatorial y Francia acerca de “bienes mal adquiridos” vinculados con Teodorin Obiang, hijo del actual presidente de Guinea Ecuatorial.
El caso se refería a un edificio de un valor de 107 millones de euros, ubicado al 42 Avenida Foch en París. El edificio fue incautado en 2012 por las autoridades francesas durante un registro realizado en el contexto de una investigación sobre Teodorin Obiang, Vicepresidente de Guinea Ecuatorial, que también está a cargo de la Defensa y la Seguridad de su país. Durante la redada policial, también se incautaron varios coches de lujo.
Malabo había juzgado “ilegal” la intervención de las autoridades francesas, basándose en la Convención de Viena y afirmando que la propiedad de lujo servía de representación diplomática de Guinea Ecuatorial. Por lo tanto, según Malabo, la inmunidad diplomática de Teodorin Obiang no habría sido respetada. París había impugnado esta versión de los hechos alegando que se trataba de una mansión privada perteneciendo a Teodorin Obiang, que habría saqueado las arcas del Estado antes de comprar propiedades de lujo en los lugares más caros del mundo.
En 2018, Malabo había llevado el litigio ante la CIJ, que se había declarado incompetente en la materia. Sin embargo, se había proclamado capacitada para pronunciarse sobre el estatuto de sede diplomática del edificio de la Avenida Foch. Abdulqawi Ahmed Yusuf, el juez a cargo del caso, emitió finalmente su veredicto a favor de Francia, recordando que Guinea Ecuatorial ya tenía una embajada en la capital francesa.
Cabe recordar que el 10 de febrero el Tribunal de Apelación de París condenó al hijo del presidente de Guinea Ecuatorial a una pena de 3 años de prisión con suspensión de la pena, varias confiscaciones y una multa de 30 millones de euros por haber acumulado fraudulentamente grandes activos en Francia.
Ante el veredicto pronunciado por la CIJ, la ONG Transparencia Internacional reaccionó declarando que para las partes civiles involucradas en este caso, el objetivo final era la restitución de los bienes incautados, al pueblo de Guinea Ecuatorial.
